Chapter 11 y la necesidad de cambiar nuestra legislación de quiebra

Esteban García Nadal

El Capítulo 11 (o Chapter 11) de EEUU es uno de los procedimientos de reorganización financiera de compañías más importantes en el mundo. Y no son pocas las empresas chilenas que han usado este mecanismo: Enjoy, Alto Maipo, LATAM Airlines y Gildemeister, siendo el último caso el de CorpGroup Banking, que logró la aprobación de su plan de liquidación que incluyó, entre otros aspectos, la venta de las acciones que poseía la firma en Itaú Corpbanca.

Finalizado la mayoría de estos casos, es inevitable que nos preguntemos ¿Por qué estas empresas, que tienen su negocio principal en nuestro país, deciden llevar la causa a casi 8.500 kilómetros de distancia? Las respuestas son múltiples y muy ciertas: el alto grado de especialización de esta jurisdicción, los menores tiempos de tramitación o la posibilidad de obtener financiamiento para continuar con las operaciones son una ventaja respecto de los costos asociados, tanto para las empresas como para los acreedores. Pero, sin duda, lo que revelan estos casos es la necesidad urgente de ajustar nuestra Ley de Reorganización y Liquidación.

“Es hora de sacar lecciones para ayudar a aquellas empresas que están en problemas financieros a reorganizar sus pasivos y retomar su crecimiento, con el consiguiente efecto positivo en el empleo y en el crecimiento del país”.

La última gran reforma se realizó en 2014 y existen espacios de mejora que se deben abordar como fortalecer el sistema de arbitraje concursal, fijar procedimientos concursales de empresas deudoras que se relacionen a un grupo empresarial o establecer y regular la figura del asesor financiero en materia de reorganizaciones de empresas. También mirar lo positivo de la legislación estadounidense y avanzar en la creación de tribunales especializados que permitan una mayor agilidad en este tipo de procesos o abrir un mercado para que inversionistas puedan invertir y las empresas en dificultades dispongan de recursos frescos para salir de la quiebra, estableciendo incentivos financieros que permitan atraer fondos de inversión y así lograr un mayor crecimiento y profundidad del mercado financiero.

Es probable que este proceso sea forzoso, puesto que actualmente existen dos proyectos de ley en el Congreso Norteamericano (Bankurptcy Venue Reform Act 2021 y Nondebtor Realese Prohibition Act 2021), que impedirán a las compañías insolventes acudir a una jurisdicción donde no tienen el asiento principal de sus negocios. Lo anterior generará que exista una mayor cantidad de reorganizaciones y liquidaciones en nuestro país, dado que las grandes empresas nacionales ya no tendrán la vía de escape para regirse por el Capítulo 11 de la legislación norteamericana.

A siete años de la reforma a la Ley de Quiebras, estos casos abren la oportunidad para revisar en retrospectiva sobre todo lo que ha significado su aplicación, especialmente, sobre aquellos puntos mejorables o derechamente problemáticos que todos los actores, como abogados, asesores contables, asesores financieros, veedores, liquidadores, personas deudoras, empresas deudoras, y, especialmente, nuestros Tribunales de Justicia, han debido hacer frente, a fin de fortalecer nuestra legislación en base a este aprendizaje.

Es hora de sacar lecciones para ayudar a aquellas empresas que están en problemas financieros a reorganizar sus pasivos y retomar su crecimiento, con el consiguiente efecto positivo en el empleo y en el crecimiento del país. Y en el caso de aquellos empresarios y emprendedores que deban cerrar sus negocios, tengan la oportunidad de reinventarse y seguir creando valor.